A través de un comunicado oficial fechado el 19 de septiembre del presente año, Grupo México Transportes (FERROMEX) informó que se veía obligado a suspender el movimiento de trenes de carga para proteger la integridad de las personas migrantes. Ante esta reciente medida, desde la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM, A.C.), expresamos nuestra profunda preocupación, ya que, en lugar de ser una medida protectora, agudizará otros riesgos, e incluso, puede generar nuevos problemas para la seguridad de las personas en contexto de movilidad humana.

La ausencia de una política humanitaria, con enfoque de derechos y efectiva para gestionar la migración internacional en México, aunada a medidas de política que priorizan la detención y la deportación de personas, así como la gran corrupción que enfrentan las personas migrantes en su paso por nuestro país, genera desgobierno y que empresas, como Ferromex, tomen este tipo de medidas, con consecuencias graves para la seguridad de las personas. Una realidad que las autoridades se niegan sistemáticamente a atender.

Las personas migrantes viajan en el tren, con todos los riesgos asociados, porque las autoridades mexicanas no les dejan otra opción. El Instituto Nacional de Migración (INM) no proporciona alternativas de tránsito seguro y las empresas transportistas lucran con su desesperación ante la inacción e incluso connivencia de autoridades locales y federales.

En diversas entidades niegan la venta de boletos a personas migrantes, les exigen ilegalmente requisitos para la venta de pasajes, les cobran cantidades mayores a las tarifas ordinarias; incluso se han cerrado terminales de autobuses, como sucedió recientemente en Arriaga, Chiapas. Más aún, en colusión con autoridades y grupos criminales, existen retenes en los recorridos donde bajan a las personas, las extorsionan e, incluso, autoridades migratorias les rompen sus tarjetas de visitantes por razones humanitarias u otros documentos de identidad para en muchas ocasiones detenerlos y llevarlos a estaciones migratorias.

Todos estos impedimentos al tránsito de las personas migrantes las exponen a las redes de tráfico de personas para ser transportadas en condiciones de total riesgo, como los contenedores de transporte de carga.

Desde la REDODEM, exigimos a las autoridades mexicanas que cumplan sus obligaciones constitucionales y compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Gestionar la migración internacional en México y proteger los derechos e integridad de las personas y familias requiere de inteligencia y humanidad, dos valores ausentes en ésta y en administraciones anteriores.

Suspender la operación de rutas del tren no es una solución. Hacemos un llamado urgente para que las autoridades mexicanas construyan soluciones reales, integrales y humanitarias para esta compleja situación. Las autoridades están obligadas legalmente a asegurar un trato digno y seguro para las personas en tránsito.

##Como REDODEM, exigimos:

Que el Instituto Nacional de Migración expida visas humanitarias a las personas migrantes para que puedan comprar boletos y transitar por el país de manera segura. Es indispensable que se amplíen las alternativas de regularización temporal para que las personas puedan transitar por el país de manera segura y digna, y para que puedan trabajar, mientras esperan su cita para solicitar asilo en Estados Unidos a través de la aplicación de CBP One.

Que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, así como las autoridades locales vigilen y sancionen a empresas transportistas que niegan la venta de boletos a las personas migrantes o imponen requisitos y tarifas ilegales.

Invitamos a los medios de comunicación a abordar esta realidad desde una perspectiva de derechos humanos y no propagar noticias que criminalizan a las personas migrantes. La responsabilidad no es de las personas forzadas a salir de sus países.

Basta ya de seguir poniendo barreras y obstáculos a las personas migrantes. La realidad migratoria en México es cada vez más grave por la negligencia de las autoridades mexicanas. Urgen soluciones integrales que tengan en el centro el respeto a los derechos humanos de miles de seres humanos.