Desde la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM) expresamos nuestra profunda preocupación y nuestra solidaridad con el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, en Tapachula, Chiapas, ante los dos allanamientos sufridos en sus instalaciones en menos de una semana, así como frente al cierre temporal de sus oficinas por motivos de seguridad. Estos hechos constituyen una agresión grave contra una organización que acompaña, documenta y defiende derechos humanos en una de las regiones más complejas del país.

De acuerdo con la información hecha pública por el propio Centro, durante estos hechos fueron sustraídas computadoras, teléfonos y documentos directamente relacionados con su labor de acompañamiento y defensa. Además, el Fray Matías denunció la intervención de sus cámaras de seguridad y señaló que, pese a haber presentado una denuncia el 20 de marzo y haber solicitado medidas de resguardo, no recibió, ni ha recibido respuesta oportuna de las autoridades.

Lo ocurrido afecta de manera directa el derecho a defender derechos humanos y debilita las condiciones mínimas de protección para las personas en movilidad humana que encuentran en estos espacios orientación jurídica, acompañamiento psicosocial y documentación de violaciones a derechos humanos. Estos hechos se inscriben en un contexto más amplio de endurecimiento del control migratorio en el territorio, donde las restricciones al tránsito y al acceso a la protección internacional se combinan con un entorno cada vez más adverso para quienes acompañan y documentan. Cuando se debilita a las organizaciones, también se reducen, en la práctica, las posibilidades reales de acceso al asilo y a otros mecanismos de protección. El cierre temporal de una organización con 29 años de labor ininterrumpida en la frontera sur refleja la gravedad del contexto y la insuficiencia de la respuesta institucional frente al riesgo que enfrentan quienes acompañan a poblaciones en situación de alta vulnerabilidad.

Desde REDODEM exigimos:

1. Que se investigue lo ocurrido con seriedad y sin dilaciones. Los allanamientos, el robo de equipos y la posible sustracción de información vinculada a la defensa de derechos humanos no pueden quedar en la impunidad. Es

responsabilidad del Estado esclarecer los hechos y sancionar a quienes resulten responsables.

2. Que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas actúe sin omisiones y garantice rutas reales, oportunas y suficientes para proteger a quienes enfrentan riesgos por su labor, así como que se adopten medidas inmediatas de acciones efectivas para salvaguardar la integridad del equipo del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, sus instalaciones y sus herramientas de trabajo.

3. Que las autoridades federales y estatales reconozcan públicamente la legitimidad y la necesidad de la labor que realizan las organizaciones de la sociedad civil que acompañan a personas en movilidad humana, particularmente en la frontera sur.

Expresamos nuestra solidaridad con el equipo del Fray Matías y reiteramos que no puede haber democracia ni Estado de derecho allí donde se agrede a quienes sostienen, muchas veces en medio del abandono institucional, tareas fundamentales de protección humanitaria y defensa de derechos.