La Red de Documentación de Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM) se posiciona frente a la disculpa anunciada por Francisco Garduño Yáñez, ex titular del Instituto Nacional de Migración (INM), el 26 de septiembre de 2026, por el incendio ocurrido en la estación migratoria de Ciudad Juárez el 27 de marzo de 2023, que causó la muerte de 40 personas y dejó a decenas de personas con secuelas físicas y psicológicas.

Este hecho responde a un patrón de negligencias, omisiones y violaciones sistemáticas a los derechos humanos en las estaciones migratorias del país. Pese a los múltiples incidentes e incumplimientos señalados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las recomendaciones emitidas nunca fueron atendidas.

El proceso penal contra Francisco Garduño se centró en el delito de ejercicio indebido del servicio público, que implica responsabilidad por omisión cuando un funcionario incumple sus deberes legales de prevención y supervisión, permitiendo con ello un resultado dañino. En su calidad de titular del INM, Garduño encarnó un patrón de negligencia institucional; en términos jurídicos, incurrió en una grave omisión de deberes.

La decisión del Estado de presentar a Garduño como responsable de una disculpa “personal” no satisface la deuda de justicia. Representa un intento de deslinde institucional que busca eximir al INM y al Gobierno de su responsabilidad estructural en la tragedia. Esta medida constituye encubrimiento político y judicial, normaliza la impunidad y elude las obligaciones de investigación, sanción y reparación que corresponden al Estado mexicano.

El incendio en Ciudad Juárez es resultado de una política migratoria basada en la detención, cuya responsabilidad recae en el Estado en su conjunto, no en un solo funcionario. México, conforme al artículo 1 constitucional y a los estándares interamericanos, está obligado a investigar, sancionar y garantizar reparación integral a las víctimas. Reducir estas obligaciones a una disculpa “simbólica” vulnera los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición. La suspensión condicional validada judicialmente no exime al Estado de su responsabilidad internacional ni política. Al no proteger adecuadamente a las personas migrantes bajo su jurisdicción, el Estado mexicano incumple compromisos vinculantes de derecho internacional.

Conforme a estándares interamericanos, una disculpa reparadora debe ser pública, efectiva, emitida por el Estado, con participación digna de las víctimas y acompañada de garantías de no repetición mediante reformas verificables.

REDODEM sostiene que el incendio fue un crimen de Estado. Garduño es responsable política, administrativa y jurídicamente por la cadena de omisiones que lo permitió. Rechazamos cualquier acto simbólico sin sanciones efectivas ni reparación integral.

Exigimos que el Estado mexicano: