Ciudad de México, 15 de septiembre de 2026

Desde la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM) expresamos nuestra profunda preocupación ante el incendio ocurrido durante la noche del 12 de septiembre en la Estancia Provisional del Instituto Nacional de Migración (INM) en Janos, Chihuahua, donde se encontraban 33 personas migrantes bajo custodia del Estado.

Aunque las autoridades informaron que no hubo personas fallecidas, los reportes periodísticos señalan que las instalaciones no contaban con aspersores ni hidrantes y que personas voluntarias tuvieron que intervenir para controlar el fuego con los recursos disponibles. Estas condiciones deben investigarse de manera inmediata, independiente y transparente.

Lo ocurrido no puede reducirse a un “conato de incendio” ni considerarse un incidente menor. La falta de infraestructura adecuada, equipos funcionales y protocolos efectivos puso en riesgo la vida e integridad de personas que se encontraban privadas de la libertad y cuya seguridad era responsabilidad directa del Estado mexicano.

A más de tres años del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, donde murieron 40 personas y otras 27 resultaron heridas, es inadmisible que el Estado mexicano continúe utilizando la detención migratoria como primera respuesta frente a la movilidad humana. Las personas migrantes no son una amenaza ni han cometido un delito; sin embargo, siguen siendo privadas de la libertad por una condición administrativa y encerradas en espacios que no garantizan su vida, integridad y dignidad.

Las acciones para revisar y transformar las estaciones migratorias no son promesas ni concesiones de las autoridades. Son obligaciones jurídicas que el Estado mexicano debe acatar, así como medidas de reparación y garantías de no repetición derivadas de la tragedia ocurrida en Ciudad Juárez y de los procesos legales posteriores. Lo sucedido en Janos evidencia que estas obligaciones no se han cumplido de manera suficiente, efectiva ni verificable.

La ausencia o insuficiencia de medidas de prevención, infraestructura y protocolos de emergencia no constituye una simple omisión administrativa. Representa un incumplimiento de las obligaciones del Estado hacia las personas que mantiene bajo su custodia. No basta con evacuar cuando el fuego ya comenzó: la obligación era prevenir el riesgo, garantizar condiciones de seguridad y adoptar todas las medidas necesarias para impedir que una tragedia como la de Ciudad Juárez pudiera repetirse.

Resulta igualmente preocupante que, antes de contar con una investigación exhaustiva, se difundan versiones que atribuyen el origen del incendio a las propias personas detenidas. Ninguna explicación preliminar puede utilizarse para trasladarles la responsabilidad, criminalizarlas o desviar la atención de las obligaciones institucionales de prevención, supervisión y protección.

Mientras las estaciones migratorias continúen funcionando como espacios de encierro y la detención se mantenga como respuesta automática de la política migratoria, las personas seguirán siendo expuestas a riesgos previsibles y evitables. Ninguna persona debería perder su libertad, y mucho menos poner en riesgo su vida, por no contar con un documento migratorio.

Desde la REDODEM exigimos:

1. Una investigación pronta, independiente y transparente sobre las causas del incendio y las condiciones en las que operaba la Estancia Provisional de Janos.

2. La publicación de información clara sobre el estado de salud, la ubicación y la situación jurídica de las 33 personas que se encontraban bajo custodia del INM.

3. Una revisión técnica e independiente de las instalaciones, los equipos contra incendios, las rutas de evacuación y los protocolos de emergencia de la Estancia Provisional de Janos.

4. La rendición de cuentas de las autoridades responsables de garantizar la seguridad del inmueble y la protección de las personas detenidas.

5. La publicación de los avances y resultados de las revisiones realizadas a las estaciones migratorias después del incendio de Ciudad Juárez, así como de las medidas de reparación y garantías de no repetición que el Estado mexicano está obligado a cumplir.

6. La intervención y supervisión de organismos públicos de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil para verificar las condiciones en las que permanecen las personas bajo custodia migratoria.

7. El fin de la detención migratoria como primera respuesta y la implementación urgente de alternativas comunitarias, abiertas y no privativas de la libertad, particularmente para niñas, niños, adolescentes, familias y personas en condiciones de especial vulnerabilidad.

La ausencia de personas fallecidas en esta ocasión no disminuye la gravedad de lo sucedido ni demuestra que el sistema funciona. La protección de la vida no puede depender de la suerte, de respuestas improvisadas ni de que un incendio logre ser controlado antes de convertirse en otra tragedia.

Lo ocurrido en Janos es una nueva advertencia. El Estado mexicano debe cumplir sus obligaciones antes de que la omisión y el incumplimiento vuelvan a costar vidas.

Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM)