Ciudad de México, 5 de octubre de 2023

Exigimos enérgicamente a las autoridades capitalinas el cumplimiento de sus obligaciones para atender de manera integral y adecuada las necesidades de protección de las personas migrantes en la Ciudad de México

Los albergues y organizaciones de la sociedad civil que atienden y acompañan a personas migrantes y con necesidades de protección internacional en la Ciudad de México denunciamos que la emergencia humanitaria en la capital, producto de las políticas migratorias restrictivas que actualmente se implementan, es insostenible.

De nuevo, hacemos un llamado urgente a que las autoridades capitalinas se responsabilicen y actúen conforme a sus obligaciones establecidas en la legislación local, nacional e internacional para atender de manera integral y adecuada a las personas migrantes. Sobre todo, respetando la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana, así como la Constitución de la Ciudad de México, que establecen los principios que caracterizan a esta ciudad como un lugar santuario.

Desde hace dos años hemos venido señalando las consecuencias de los cambios en la política migratoria estadounidense y la colaboración del gobierno mexicano en dicha política. México se ha consolidado como la frontera externalizada de Estados Unidos: firmando acuerdos en la total opacidad, que han tenido graves consecuencias en los derechos humanos de las personas migrantes en territorio mexicano. A raíz de estos acuerdos, miles de personas se quedan atrapadas, irregularizadas e inmovilizadas en cada vez más ciudades de todo el país.

La Ciudad de México se ha convertido en un punto estratégico para el tránsito y destino de miles de personas migrantes. Lo que ha derivado en la sobresaturación de los albergues y espacios de acogida de la sociedad civil, que desde hace un año han estado atendiendo hasta en un 900% de su capacidad instalada. Insistimos: la crisis humanitaria que actualmente se vive en la Ciudad de México es responsabilidad de las autoridades y no de las personas migrantes y solicitantes de protección.

Es importante señalar que en este escenario, cada vez más, las personas que llegan a la Ciudad permanecen por estancias largas e incluso indefinidas, lo que convierte a la capital, de manera creciente, en un lugar de destino y amerita políticas públicas integrales de atención e integración.

Las políticas de contención restrictivas enfocadas en la persecución y detención de las personas migrantes, y en obstaculizar los procesos de regularización migratoria, generan condiciones de mayor riesgo y vulnerabilidad para ellas, como ha sucedido en los últimos años con los múltiples accidentes en tráilers. Dichas políticas, han incluido acciones ilícitas como el impedir, vía las empresas de transporte privado, que a las personas sin documentos para una estancia regular en el país se les vendan boletos para trasladarse en aviones o autobuses por el territorio nacional. Esto ha obligado a las personas a buscar trasladarse por el tren y otras rutas, como los tráilers, controladas por redes del crimen organizado que operan con la anuencia, e incluso participación de autoridades. Recientemente, el bloqueo de esta vía de transporte ha generado que las personas se encuentren en condiciones aún más riesgosas para su vida, libertad e integridad. En este contexto, la sobrecarga para las organizaciones y albergues de sociedad civil ha continuado en aumento y se ha vuelto insostenible.

A pesar de que ha habido una disposición al diálogo con las autoridades de la Ciudad de México, consideramos que las reuniones consisten en una simulación en donde se dan apoyos mínimos a la situación, que continúan recargando la responsabilidad sobre la sociedad civil, y evaden las condiciones y necesidades de fondo: el cumplimiento de sus obligaciones de manera integral para atender las necesidades específicas de protección de las personas migrantes en la Ciudad de México. Es por esta razón que, como organizaciones de la sociedad civil, denunciamos que no basta con tener la disposición al diálogo, hace falta voluntad para asumir la responsabilidad que compete al Estado e implementar acuerdos y acciones adecuadas. Aunado a lo anterior, a pesar de que las autoridades han habilitado algunos espacios, como el albergue de la Alcaldía Cuauhtémoc, o el albergue en Tláhuac, estos espacios han sido improvisados, inadecuados e insuficientes para la atención de las personas. Se han reportado y documentado situaciones de maltrato por parte del personal, e incluso, abusos como cobros ilícitos por parte de las autoridades responsables.

Todo ello ha derivado en que las personas se vean obligadas a estar en situación de calle en la Ciudad de México, pernoctando alrededor de albergues, instituciones gubernamentales, iglesias, hospitales y terminales de autobuses. Situación que les coloca en mayor vulnerabilidad, al tratarse de familias con niñas, niños y adolescentes que están expuestas a riesgos como el tráfico de menores. Las consecuencias las han reportado las mismas personas migrantes, como las situaciones de extorsión que se dieron por parte de agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes vendieron tarjetas del metro por mil pesos; así como en situaciones de violencia y agresiones que han vivido personas parte de grupos criminales.

Vemos con mucha preocupación que esta emergencia humanitaria se prolonga, propicia tensiones con las comunidades locales y deriva en situaciones de discriminación y xenofobia hacia las personas migrantes. De forma que el actuar negligente de las autoridades tiene efectos no sólo para las personas migrantes, sino para las comunidades de acogida.

Finalmente, pedimos a los medios de comunicación su colaboración en el seguimiento a esta grave crisis humanitaria desde una perspectiva de derechos humanos, recordando que la situación que viven las personas es de extrema vulnerabilidad y, por lo tanto, es importante ser responsables con la información: verificando y cuidando no confundir y desinformar en un ambiente a mayor discriminación y xenofobia.

Por lo anterior, exigimos:

Al gobierno federal, Un cambio profundo en la política migratoria que reconozca las necesidades de protección de las personas migrantes. Cumplimiento de las garantías de derechos humanos de las personas migrantes establecidas en la Constitución Política, la Ley de Migración y acuerdos y tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano. Transparencia y rendición de cuentas en los acuerdos migratorios de México con Estados Unidos. Programas adecuados e integrales de regularización migratoria y atención a las necesidades específicas de protección que permitan vías para que las personas migrantes accedan a documentos de residencia permanente.

Al gobierno de la Ciudad de México, Cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana de la Ciudad, así como la Constitución de la Ciudad de México. Reconocimiento de las necesidades de estancia de mediano y largo plazo de las personas migrantes que se encuentran en la Ciudad, y políticas públicas adecuadas para promover el acceso a derechos y servicios básicos, así como la integración de las personas en la capital. Garantizar atención médica y campañas de salud en las zonas que presentan mayor concentración de personas migrantes en situación de calle. Espacios de atención primaria y estancia adecuados para las personas migrantes.

Casa de Acogida, Formación y Empoderamiento para Mujeres y sus Familias Migrantes (CAFEMIN)

Casa Tochan

Casa Peñas

Albergue Constitución

Asociación de Nicaragüenses en México

Apoyo a Migrantes Venezolanos, A.C.

Colectivo Ustedes Somos Nosotros

Fundación Humano y Libre

Plataforma Todos Somos Venezuela

Programa Casa Refugiados

Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México