Contexto:

El pasado viernes 3 de noviembre de 2023, se registraron actos de violencia alarmantes, perpetrados por elementos del Instituto Nacional de Migración (INM), el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional (testigos señalaron al vehículo de la SEDENA con número económico 8107303) en contra de cientos de migrantes que se encontraban en el municipio de Atitalaquia, Hidalgo. Las agresiones, amenazas, golpes e insultos incluyeron a niñas, niños, adolescentes y mujeres.

Los funcionarios migratorios, agentes y militares forzaron a las personas a bajar del tren; incluso con amenazas verbales que están registradas en video, diciendo, por ejemplo: “Te quitamos a tus niños y no los volverás a ver”. Al bajarlas detuvieron a algunas de las personas y de acuerdo con testimonios de sus familiares fueron trasladadas al estado de Tabasco.

Declaraciones oficiales que distan de la realidad

Eufemísticamente, el INM informó el 31 de octubre pasado, que “del 18 de septiembre al 30 de octubre de 2023 han sido disuadidas de viajar sobre los vagones o contenedores de tren a 34 mil 474 personas migrantes, derivado de operativos de rescate, atención y ayuda humanitaria implementados por el Instituto Nacional de Migración en coordinación con autoridades federales, estatales y la empresa Ferromex, en 30 puntos operativos ferroviarios ubicados en nueve entidades del país”.

Como Redodem, rechazamos la simulación y retórica oficial. Porque las personas no son disuadidas, sino obligadas de manera violenta a abandonar los trenes. Tampoco se les brinda atención ni ayuda humanitaria; los devuelven a la frontera sur, e, incluso, separan a familias, como sucedió el pasado 3 de noviembre.

Cientos de personas en contexto de movilidad varadas

En el municipio de Atitalaquia, Hidalgo, como en distintos lugares del país, se están llevando a cabo operativos de detención por parte del INM que han dejado a cientos de personas migrantes, principalmente de Venezuela, varadas y desamparadas, a la espera de otra oportunidad de abordar el tren. No se les dan alternativas de regularización temporal, ni se les permite comprar boletos de autobús y transitar por el país de manera segura. Lo anterior provoca que los espacios humanitarios de la sociedad civil sigan desbordados, sin que las autoridades de los distintos órdenes de gobierno asuman su responsabilidad en materia de protección humanitaria.

Frente a lo señalado, exigimos:

1. Una investigación exhaustiva y transparente de los hechos ocurridos el 3 de noviembre de 2023 en Bojay, del municipio de Atitalaquia, Hidalgo, así como las sanciones correspondientes a los elementos del Instituto Nacional de Migración que violentaron a las personas migrantes.

2. La intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que realice respecto de violaciones a derechos humanos, las investigaciones correspondientes en el ámbito de su competencia.

3. El respeto absoluto de los derechos humanos de todas las personas migrantes, incluyendo el acceso a asistencia humanitaria y servicios de atención médica, así como alternativas de regularización para que puedan transitar por el país.

4. Suspensión inmediata de operativos violentos: Pedimos la suspensión inmediata de operativos que impliquen violencia, amenazas y/o trato inhumano hacia las personas migrantes.