Desde la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem) rechazamos el sobreseimiento de la causa penal contra Francisco Garduño Yáñez, extitular del Instituto Nacional de Migración (INM), relacionada con el incendio del 27 de marzo de 2023 en Ciudad Juárez en donde cuarenta personas murieron y veintisiete resultaron gravemente heridas mientras permanecían encerradas bajo custodia del Estado mexicano. Sus familias y quienes sobrevivieron llevan más de tres años exigiendo justicia.

Según la información publicada sobre la audiencia del 13 de octubre, el juez consideró cumplidas las condiciones impuestas a Garduño, mientras algunas víctimas denunciaban que seguían sin recibir atención médica. Sus representantes anunciaron que apelarán la resolución. Respaldamos esta decisión y exigimos que se garantice la participación efectiva de las víctimas, así como la atención que permanece pendiente.

La Fundación para la Justicia, Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) y la Clínica Jurídica Alaide Foppa, organizaciones acompañantes de las víctimas, han cuestionado que la acusación contra Garduño se limitara al ejercicio ilícito del servicio público, permitiéndole acceder a la suspensión condicional del proceso. Corresponde a la Fiscalía esclarecer las responsabilidades de mando y las decisiones institucionales que pusieron en riesgo a las personas detenidas. Como advertimos en nuestro posicionamiento ante la disculpa de Garduño, la responsabilidad del Estado permanece pendiente.

Desde los albergues y espacios de acompañamiento de la Redodem hemos documentado cómo las prácticas de control migratorio exponen a las personas a abusos y obstaculizan sus derechos. Este caso debe analizarse dentro de una política de contención que normaliza el encierro y coloca el control migratorio por encima de la protección.

El 13 de agosto de 2023, el INM anunció medidas de protección civil y supervisión en sus instalaciones. Sin embargo, el diagnóstico 2025 de la CNDH documentó deficiencias en la estancia de Janos: durante la visita no había personal médico y las personas entrevistadas señalaron que no habían recibido asesoría legal. El INM también reconoció que la estancia carecía de mangueras hidrantes. Pese a estos hallazgos, la CNDH la calificó como “adecuada”

El mismo diagnóstico calificó como “insuficientes” las estancias de Querétaro, Nuevo Laredo y Tijuana. También documentó deficiencias en San Pedro Tapanatepec, cuya operación fue suspendida en agosto de 2025. Exigimos que la CNDH explique cómo pondera las deficiencias detectadas en sus calificaciones y qué seguimiento realiza para verificar su corrección.

Desde la Redodem exigimos el cierre de Janos como espacio de detención y el monitoreo independiente de las instalaciones que continúan operando, con participación de organizaciones defensoras.

Las autoridades deben informar qué deficiencias han corregido y cerrar los recintos que no garanticen la integridad y los derechos de las personas. Los cierres deben acompañarse de alternativas comunitarias en libertad, evitando que se traduzcan únicamente en traslados a otros espacios de encierro.

La detención migratoria debe ser excepcional y de último recurso, sujeta a una evaluación individual que justifique su necesidad y proporcionalidad. Desde la Redodem exigimos avanzar hacia su eliminación por los efectos del encierro sobre la integridad de las personas y los obstáculos que impone al ejercicio de sus derechos. Las mejoras materiales dejan pendiente esa transformación.

Exigimos que el Gobierno federal publique evidencia del cumplimiento de la Recomendación 111VG/2023 de la CNDH e identifique las obligaciones pendientes, con responsables y plazos. Las personas detenidas deben contar con condiciones para denunciar abusos sin represalias.

Ante la resolución, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que “es lo que determinaron los jueces”. El Gobierno federal mantiene obligaciones propias frente a las víctimas y las personas bajo custodia migratoria. Debe garantizar la reparación pendiente y demostrar la eficacia de las medidas de no repetición. La responsabilidad estatal permanece más allá del cierre de una causa penal.

Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem)